Lorena Rodriguez Lezica * / Foto: Rebelarte
A mediados de marzo, tres mujeres fueron procesadas en Uruguay por la práctica de un aborto en la clandestinidad. Dos de ellas castigadas con prisión. ¿Cómo que en la clandestinidad? ¿Pero el aborto no es legal en Uruguay? No. No lo es para todas.
“el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo.” 1
El aborto está tipificado aún como delito. Continúa en el código penal. Está despenalizado ‘parcialmente’. Es aún un tema de justicia social cuando no todas las mujeres pueden acceder a un aborto ‘en el marco de la ley’ y cuando se criminaliza a las mujeres más pobres por intentar decidir el curso de sus vidas. El aborto legal, seguro y gratuito, legítimo y despenalizado culturalmente, continúa en la agenda del movimiento social, en la agenda de quienes rechazamos el tutelaje y la criminalización por parte del estado, y luchamos por la autonomía, por el poder de decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas.
Haciendo un poquito de memoria
La organización feminista Mujeres en el Horno sostiene que el marco normativo respecto al aborto en Uruguay implica un procedimiento complejo, si bien a simple vista puede parecer más permisivo que en otros contextos latinoamericanos, y que incluso en muchos casos puede llevar al desamparo legal a las mujeres. ¿Pero cómo se llegó a este punto? ¿qué concesiones se hicieron en el camino para aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE: 18.987)? O dicho de otra manera, ¿qué costos fueron se dispusieron desde arriba, que deberíamos pagar las mujeres?
Haciendo un poquito de memoria, esa ingrata que muchas veces se nos escapa, las ‘trampas’ de la Ley IVE en Uruguay son el resultado de un debate político-partidario parlamentario, y una negociación a puertas cerradas que manejó a los cuerpos de las mujeres como objeto a intercambiar por votos. En la reciente publicación “La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1085-2013. Un análisis del movimiento feminista”, las autoras describen cómo la asunción del Frente Amplio en 2005 generó expectativas en torno a la oportunidad que se presentaba con más de la mitad de las y los legisladores perteneciendo al oficialismo, aunque al mismo tiempo estuviera latente la amenaza por parte del entonces (y actual) Presidente Tabaré Vázquez, de que tal iniciativa sería vetada. Vázquez anunció que así lo haría al inicio de su gobierno, y repitió esta amenaza un 7 de marzo del año 2006 en vísperas del día internacional de la mujer. Estaba dispuesto a recorrer todos los caminos constitucionales para impedir que prosperara la iniciativa. Cumpliendo con su promesa, “apenas 3 días después de que se votara el proyecto de ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Vázquez interpuso el veto sobre la despenalización de la interrupción del embrazo, acompañado por la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz (actual ministra de Educación y Cultura)”2.
Cuando Mujica asumió como jerarca de gobierno, volvieron a generarse grandes expectativas. El tratamiento legislativo del aborto seguía siendo demandado, pero además resultaba urgente para la dirigencia frenteamplista debido a que era visto como “un tema que ‘aleja votos’ y por lo tanto, era necesario aprobarlo cuanto antes para que ‘no contamine’ el próximo periodo electoral”3. ¿Pero lo central del asunto no era reducir el número de muertes de mujeres por abortos clandestinos en un contexto de criminalización? Si, ¡qué ingenuidad! Con el fin de contar con la cantidad de votos necesarios, ante el argumento de que ‘aborto’ llevaba una carga simbólica negativa, se propuso ‘maquillarlo estratégicamente’, pasando a hablar así de ‘interrupción voluntaria del embarazo’ en su lugar. Una vez que el proyecto fue aprobado en el Senado e ingresó a la Cámara de Representantes, el grupo parlamentario del FA encontró que no contaba con los votos suficientes para aprobar el proyecto por sí solo y comenzó la negociación con otros partidos políticos para conseguir el voto faltante. Y así fue que llegó la propuesta de incluir un equipo de profesionales de la salud, “entre los cuales debía incluirse un objetor de conciencia, a fin de que le fueran presentadas todas las alternativas existente par continuar con su embarazo, luego de lo cual se la instaba a tomarse unos días de reflexión para luego volver a confirmar si quiere continuar o no con el procedimiento.” Desde el FA, conscientes del alto costo a pagar por el “voto número 50”, decidieron que habría que ceder.
Hecha la ley, hecha la trampa
Haciendo un poquito de memoria, esa ingrata que muchas veces se nos escapa, las ‘trampas’ de la Ley IVE en Uruguay son el resultado de un debate político-partidario parlamentario, y una negociación a puertas cerradas que manejó a los cuerpos de las mujeres como objeto a intercambiar por votos. En la reciente publicación “La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1085-2013. Un análisis del movimiento feminista”, las autoras describen cómo la asunción del Frente Amplio en 2005 generó expectativas en torno a la oportunidad que se presentaba con más de la mitad de las y los legisladores perteneciendo al oficialismo, aunque al mismo tiempo estuviera latente la amenaza por parte del entonces (y actual) Presidente Tabaré Vázquez, de que tal iniciativa sería vetada. Vázquez anunció que así lo haría al inicio de su gobierno, y repitió esta amenaza un 7 de marzo del año 2006 en vísperas del día internacional de la mujer. Estaba dispuesto a recorrer todos los caminos constitucionales para impedir que prosperara la iniciativa. Cumpliendo con su promesa, “apenas 3 días después de que se votara el proyecto de ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Vázquez interpuso el veto sobre la despenalización de la interrupción del embrazo, acompañado por la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz (actual ministra de Educación y Cultura)”2.
Cuando Mujica asumió como jerarca de gobierno, volvieron a generarse grandes expectativas. El tratamiento legislativo del aborto seguía siendo demandado, pero además resultaba urgente para la dirigencia frenteamplista debido a que era visto como “un tema que ‘aleja votos’ y por lo tanto, era necesario aprobarlo cuanto antes para que ‘no contamine’ el próximo periodo electoral”3. ¿Pero lo central del asunto no era reducir el número de muertes de mujeres por abortos clandestinos en un contexto de criminalización? Si, ¡qué ingenuidad! Con el fin de contar con la cantidad de votos necesarios, ante el argumento de que ‘aborto’ llevaba una carga simbólica negativa, se propuso ‘maquillarlo estratégicamente’, pasando a hablar así de ‘interrupción voluntaria del embarazo’ en su lugar. Una vez que el proyecto fue aprobado en el Senado e ingresó a la Cámara de Representantes, el grupo parlamentario del FA encontró que no contaba con los votos suficientes para aprobar el proyecto por sí solo y comenzó la negociación con otros partidos políticos para conseguir el voto faltante. Y así fue que llegó la propuesta de incluir un equipo de profesionales de la salud, “entre los cuales debía incluirse un objetor de conciencia, a fin de que le fueran presentadas todas las alternativas existente par continuar con su embarazo, luego de lo cual se la instaba a tomarse unos días de reflexión para luego volver a confirmar si quiere continuar o no con el procedimiento.” Desde el FA, conscientes del alto costo a pagar por el “voto número 50”, decidieron que habría que ceder.
Hecha la ley, hecha la trampa
Ahora bien, ¿cómo ha afectado esta negociación, a la vida concreta de las mujeres? Las trampas de la ley son los ‘obstáculos’ a la decisión libre de las mujeres, que son en realidad ‘oportunidades’ para que se cumpla con el objetivo implícito en la Ley: disuadir a las mujeres de la decisión de abortar. Mujeres en el Horno, y otras organizaciones feministas, han identificado lo que denominan ‘barreras’, que impiden el acceso a un aborto legal y seguro: la dificultad en cumplir los plazos establecidos por la ley, ya que aún cuando inician el engorroso procedimiento antes de las doce semanas de embarazo (12 semanas y 6 días; 14 semanas y 6 días en casos de violación), no logran culminarlo en el tiempo establecido (ello puede deberse a que la medicación no surtió ningún efecto, o que no resultó suficiente); las demoras en el servicio de salud (mayor dificultad para las mujeres que viven en el interior del país, y en las localidades más alejadas de los centros de salud); las mujeres no acuden dentro de las 12 semanas a la consulta de control final y por lo tanto han superado el plazo establecido por la ley cuando se enteran que aún no abortaron. Aunque no es identificada como una ‘barrera’, cuando el embarazo es producto de una violación, el aborto legal es posible dentro de las catorce semanas, siempre y cuando se presente ‘constancia de denuncia judicial’. ¡Tan sencilla de obtener! Pareciera que se desconoce que muchos de los casos de violación no son denunciados sino silenciados, por el estigma social que acarrean, y principalmente cuando se trata de abuso sexual intrafamiliar. En todos estos casos la propia ley (sus requisitos y sus plazos) y el propio sistema de salud termina obligando a las mujeres a recurrir al mercado clandestino para acceder al misoprostol, que no es de fácil acceso para todas. Claro que las mujeres que cuentan con los recursos económicos, aún cuentan con el privilegio de acceder a todos los cuidados en clínicas privadas.
Quizás la trampa más explícita en la ley, la ‘barrera’ más difícil de superar, es la objeción de conciencia, a partir de la cual el derecho al ejercicio del poder médico ha demostrado tener un peso mayor que los derechos de las mujeres. Otra de las ‘barreras’ al acceso a un aborto legal y seguro, es la penalización cultural del aborto. Por ésta entienden “los miedos, tabúes, preconceptos y estereotipos que durante décadas han rodeado la práctica del aborto en un contexto de criminalización y que no se modifican con la despenalización desde el legislativo.”4 Impide que muchas mujeres puedan conseguir el apoyo y acompañamiento que puedan necesitar, ya sea en el ámbito familiar, laboral, de amistad. Muchas han manifestado además haber sido maltratadas por el personal de la salud, al exponerlas a situaciones incómodas, con comentarios que las infantilizan, y por no respetar la confidencialidad. Estas situaciones no siempre llegan a convertirse en una denuncia a su servicio de salud, ya que temen a la exposición5.
Aún cuando las mujeres cumplen con los requisitos establecidos por la ley, puede suceder que opten por abortar en la clandestinidad. Ello ha sucedido porque si bien la ley garantiza la obligatoriedad de la confidencialidad médica, existe el temor, fundamentalmente en el interior del país (pero no sólo) de que el derecho a la confidencialidad médico-paciente pueda ser fácilmente vulnerado. Además, en las localidades más alejadas y los poblados más pequeños el riesgo de ser estigmatizadas es mayor.
La reciente publicación antes citada, resume que si bien no ha desaparecido del discurso feminista “el lenguaje crítico de la penalización del aborto como dispositivo de control patriarcal y de tutelaje de las mujeres, tan presente en la primera etapa”, sí se ha desdibujado como producto de la necesidad de tejer alianzas con otros actores sociales. Se consideró necesario suavizar la demanda “para que tuviera mayores posibilidades de ir permeando las agendas pública, política y gubernamental.” Es así que la normativa finalmente aprobada “elude el ‘núcleo duro’ de la demanda feminista referido a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.” 6
En resistencia seguimos y autonomía buscamos
Quizás la trampa más explícita en la ley, la ‘barrera’ más difícil de superar, es la objeción de conciencia, a partir de la cual el derecho al ejercicio del poder médico ha demostrado tener un peso mayor que los derechos de las mujeres. Otra de las ‘barreras’ al acceso a un aborto legal y seguro, es la penalización cultural del aborto. Por ésta entienden “los miedos, tabúes, preconceptos y estereotipos que durante décadas han rodeado la práctica del aborto en un contexto de criminalización y que no se modifican con la despenalización desde el legislativo.”4 Impide que muchas mujeres puedan conseguir el apoyo y acompañamiento que puedan necesitar, ya sea en el ámbito familiar, laboral, de amistad. Muchas han manifestado además haber sido maltratadas por el personal de la salud, al exponerlas a situaciones incómodas, con comentarios que las infantilizan, y por no respetar la confidencialidad. Estas situaciones no siempre llegan a convertirse en una denuncia a su servicio de salud, ya que temen a la exposición5.
Aún cuando las mujeres cumplen con los requisitos establecidos por la ley, puede suceder que opten por abortar en la clandestinidad. Ello ha sucedido porque si bien la ley garantiza la obligatoriedad de la confidencialidad médica, existe el temor, fundamentalmente en el interior del país (pero no sólo) de que el derecho a la confidencialidad médico-paciente pueda ser fácilmente vulnerado. Además, en las localidades más alejadas y los poblados más pequeños el riesgo de ser estigmatizadas es mayor.
La reciente publicación antes citada, resume que si bien no ha desaparecido del discurso feminista “el lenguaje crítico de la penalización del aborto como dispositivo de control patriarcal y de tutelaje de las mujeres, tan presente en la primera etapa”, sí se ha desdibujado como producto de la necesidad de tejer alianzas con otros actores sociales. Se consideró necesario suavizar la demanda “para que tuviera mayores posibilidades de ir permeando las agendas pública, política y gubernamental.” Es así que la normativa finalmente aprobada “elude el ‘núcleo duro’ de la demanda feminista referido a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.” 6
En resistencia seguimos y autonomía buscamos
Vivimos en un país donde la violencia machista se hace carne en el asesinato de trece mujeres en los primeros tres meses del año, un país donde salen a la luz cada vez más casos de abuso sexual y de explotación sexual comercial de niñas/niños, adolescentes y jóvenes (¡y los que no llegan a hacerse públicos!) -muchos de estos casos en el interior del país-, un país que no hace mucho comienza a visibilizar el problema de la trata de mujeres, un país donde los medios de comunicación hegemónicos castigan, criminalizan, violentan aún más a cada una de estas mujeres, responsabilizándolas. En éstos leemos: “joven” de 21 años, “madre” de un “bebé” de “entre tres y cinco meses de gestación”, “meretriz” que trabaja en un prostíbulo del departamento de Maldonado, viven en un “asentamiento”, contaba con “clientes uruguayos y extranjeros de alto poder adquisitivo”, interrumpe el embarazo porque “no puede perder su fuente de ingreso” durante varios meses, ya que de ello depende su familia7. Lo que no leemos en los medios: Su cuerpo-explotado para sobrevivir ella y su familia. Su cuerpo-objeto de deseo y fuente de placer para aquellos que los que pueden pagar por sexo. Su cuerpo-objeto de tutela por parte del estado patriarcal y capitalista. Su cuerpo-alienado, cuerpo que, por los siglos de los siglos, no le ha pertenecido.
El aborto continúa siendo un tema de justicia social en Uruguay, y si hay algo que no se ha acabado con la ley IVE, es el control de ‘otros’ sobre nuestras vidas. No sólo porque el aborto continúa tipificado como un delito en el código penal, sino porque la ley IVE se origina con el fin último de tutelarnos e intentar persuadirnos de nuestra decisión. Una demanda histórica del movimiento feminista en Uruguay no debe subordinarse al posibilismo de la política partidaria del gobierno progresista, a los tiempos de ninguna agenda gubernamental. No podemos permitir que se desdibuje o se diluya el horizonte utópico del feminismo, de una sociedad justa, en una reforma que lejos de cuestionar al sistema patriarcal y capitalista, intenta “suavizarlo”.
Porque somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, vamos a seguir abortando, nosotras mismas o acompañando, con o sin ley, amparadas o no por ésta. Porque cuando abortamos y acompañamos, en la clandestinidad o en la legalidad, abortamos prejuicios, miedos, pecados, mandatos, y al mismo tiempo parimos… parimos resistencia, parimos dignidad, parimos sueños de rebeldía!
El aborto continúa siendo un tema de justicia social en Uruguay, y si hay algo que no se ha acabado con la ley IVE, es el control de ‘otros’ sobre nuestras vidas. No sólo porque el aborto continúa tipificado como un delito en el código penal, sino porque la ley IVE se origina con el fin último de tutelarnos e intentar persuadirnos de nuestra decisión. Una demanda histórica del movimiento feminista en Uruguay no debe subordinarse al posibilismo de la política partidaria del gobierno progresista, a los tiempos de ninguna agenda gubernamental. No podemos permitir que se desdibuje o se diluya el horizonte utópico del feminismo, de una sociedad justa, en una reforma que lejos de cuestionar al sistema patriarcal y capitalista, intenta “suavizarlo”.
Porque somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, vamos a seguir abortando, nosotras mismas o acompañando, con o sin ley, amparadas o no por ésta. Porque cuando abortamos y acompañamos, en la clandestinidad o en la legalidad, abortamos prejuicios, miedos, pecados, mandatos, y al mismo tiempo parimos… parimos resistencia, parimos dignidad, parimos sueños de rebeldía!
* Fe de erratas: Esta nota fue erróneamente publicada en días anteriores como parte de la columna del colectivo Minervas
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1 Federici, Silvia (2010) Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria, -1era ed. – Buenos Aires: Tinta Limón, p.29
2 Johnson, Niki, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2015) La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista. ICP-FCS-UdelaR-Cotidiano Mujer.p.77
3 Idem., p.85
4 Mujeres en el Horno. “Día de lucha por la despenalización del Aborto en América Latina”, Comunicado de prensa 28 de Setiembre de 2014. Disponible en http://mujeresenelhorno.org/?q=content/d%C3%ADa-de-lucha-por-la-despenal...
5 Mujeres en el Horno. “Avance de informe de sistematización. Marzo-octubre 2014”, Linea aborto información segura. Disponible en: http://mujeresenelhorno.org/?q=content/avance-de-informe-de-sistematizac...
6 Johnson, Rocha y Schenck, 2015: 111
7 Ver el tratamiento del caso en El País http://www.elpais.com.uy/informacion/maldonado-mujeres-prision-aborto-il... y El Espectador http://www.espectador.com/sociedad/311525/tres-procesadas-por-aborto-en-...
4 Mujeres en el Horno. “Día de lucha por la despenalización del Aborto en América Latina”, Comunicado de prensa 28 de Setiembre de 2014. Disponible en http://mujeresenelhorno.org/?q=content/d%C3%ADa-de-lucha-por-la-despenal...
5 Mujeres en el Horno. “Avance de informe de sistematización. Marzo-octubre 2014”, Linea aborto información segura. Disponible en: http://mujeresenelhorno.org/?q=content/avance-de-informe-de-sistematizac...
6 Johnson, Rocha y Schenck, 2015: 111
7 Ver el tratamiento del caso en El País http://www.elpais.com.uy/informacion/maldonado-mujeres-prision-aborto-il... y El Espectador http://www.espectador.com/sociedad/311525/tres-procesadas-por-aborto-en-...
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